Opinión: Dr. Héctor César Sauret

La universidad privada, contra una nueva ley de educación superior.

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Foto: Marcelo Omar Gómez

"Los problemas no son jurídicos", dijo el presidente del Consejo de Rectores

Para Para el presidente del CRUP, Héctor Sauret , "la ley actual es buena"

Mientras avanza en el Congreso el proyecto de una nueva ley de educación
superior, las universidades privadas dejan oír sus cuestionamientos. ?Los
problemas de la universidad argentina no son jurídicos?, dice Héctor Sauret ,
recientemente designado presidente del Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP), que reúne a las autoridades de las 43 universidades y 13
institutos universitarios privados del país.

En diálogo con LA NACION, Sauret sostuvo que la política universitaria tiene
poco contacto con la realidad, mucho diagnóstico y escasa autocrítica, y que no
discute, por ejemplo, cómo se hará lugar a los 500.000 estudiantes que en los
próximos años terminarán la secundaria y demandarán carreras universitarias.

En los últimos cinco años, el aumento de ingresantes en las universidades
privadas argentinas llegó al 12,6 por ciento. ?No hay obligación de estudiar en
una universidad privada. La gente lo elige?, afirma Sauret al explicar estas
cifras. En su opinión, la ?seguridad, ductilidad de horarios y diversidad
curricular? justifican esa elección, que se hace ?en el marco de un esfuerzo
familiar?.

Las universidades privadas argentinas reúnen a casi 280.000 estudiantes, el
16,5% del total de universitarios del país. Abogado recibido en la Universidad
Nacional de La Plata, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, con
sede en Entre Ríos, y con larga experiencia como miembro de la Coneau, Sauret
sucede en el cargo, que ocupará durante dos años, a Horacio O Donnell, hasta
hace poco rector de la UCES.

-¿Dónde va a poner el énfasis durante su gestión?

-En asociatividad interior y proyección internacional. Internamente, eso
significa alentar los programas de grado y posgrado interinstitucionales para
carreras que demandan inversiones de infraestructura significativas. Sobre todo,
en el posgrado, donde hay una necesidad en la Argentina de atender a una
población creciente.

-¿Cree que las universidades privadas son un mundo lo suficientemente
homogéneo y con información transparente como para promover estas alianzas?

-La universidad privada es necesariamente heterogénea, porque las
instituciones nacen de una diversidad de cosmovisión, y en eso está su riqueza.
La transparencia de la información es creciente porque en las últimas dos
décadas todas las instituciones han tenido que ingresar en distintos bancos de
datos: expertos, pares, costos, aranceles, estructuras curriculares, áreas
disciplinares.

-Se han señalado recientemente los déficits de investigación en las
universidades privadas.

-Entre 1995 y hoy, se ha progresado mucho, en el número de investigadores, en
la diversidad de áreas disciplinarias y ahora, con los sistemas de
financiamiento mixto entre el Estado y las universidades, en el número de
proyectos de investigación bajo registro del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que hoy ya son 29. También ha crecido el número de investigadores con becas del
Conicet, que llegan a 109.

-¿Qué falta?

-La política de investigación requiere perseverancia, volcar más recursos y
desarrollar la asistencia de financiamiento nacional e internacional.

-Desde el CRUP se habló en algún momento de una sensación de
discriminación por parte del Gobierno. ¿Usted comparte esta idea?

-Yo diría que hoy la relación con el Gobierno es excelente. Entre el
presidente Duhalde y la actual gestión se dio autorización definitiva a 17
instituciones universitarias, con lo que se regularizaron en un 60% las
universidades provisionales creadas en los años 90. Hay un ensamble con el

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los grandes temas de la política
universitaria. En 10 años, el Consejo de Universidades, que integramos con el
CIN, votó en forma discrepante una sola vez.

-Sin embargo, los planes de mejoramiento de carreras y el
financiamiento para becas del Ministerio de Educación son sólo para las
universidades estatales.

-Son etapas. Esos cambios están en el futuro. Creo que la educación puede
tener gestión estatal o gestión privada, pero es una función pública y la
Argentina necesita tomar conciencia de su déficit de masa crítica. No es
inminente que el país pueda duplicar sus investigadores y es bajo el número de
tesis en los posgrados. Por otra parte, si el secundario es obligatorio, como
dice la nueva ley de educación, habrá mayor demanda de estudios universitarios.
En la próxima década, unos 500.000 estudiantes demandarán servicios
universitarios. Eso significa que tiene que haber una agenda del CIN y del CRUP
con el Poder Ejecutivo para acordar formas de absorción de esa demanda. De lo
contrario, la declaración de la ley será abstracta.

-¿Cómo es la situación financiera de las universidades privadas?

-En un 90%, el financiamiento está sustentado en los aranceles de los
alumnos. En una cantidad importante de universidades hay financiamiento mediante
la venta de servicios y vinculación con sectores productivos, pero todavía es
insuficiente y tendrá que haber una mayor apertura.

-¿Cómo cree que la opinión pública ve la universidad privada?

-Desde la crisis de 2001, los hogares han entendido los aranceles como una
inversión familiar. Y eso implica que la sociedad argentina revaloriza el rol de
las universidades privadas. No hay obligación de estudiar en una universidad
privada. Hay una selección. Me parece que hay un valor de seguridad, ductilidad
de horarios y regímenes de estudio, y diversidad curricular en la oferta. El que
elige una universidad privada, en general, lo hace en el contexto de un esfuerzo
familiar y porque tiene necesidad de que su titulación sea relativamente acorde
con los tiempos estimativos.

-¿Qué cambios propondría en una ley de educación superior?

-Los problemas de la universidad argentina no son jurídicos. La actual ley es
buena, aunque siempre perfectible. Además, al no existir un proyecto del
Ejecutivo a consideración del Congreso, tanto en el Senado como en Diputados lo
que hay son reflexiones sobre el deber ser. Sería bueno comprender que la
calidad de la oferta universitaria está íntimanente ligada al nivel de la
inversión. No hay calidad sin inversión en recursos humanos, en infraestructura,
en laboratorios. Y esto aún no lo veo en el debate.

-Recientemente, un encuentro internacional en Cartagena pidió
garantizar la financiación estatal de la educación superior.

-En esos encuentros hay más descripción que autocrítica, distancia en
relación con la realidad y abstracción, porque no hay compromiso de cambio. Hay
compromiso de consultoría, dictámenes y descripciones. Pero, por ejemplo, no se
explica el crecimiento de la matrícula de la universidad privada en América
latina y el Caribe. Ese tema no existe. Lo que falta en la política
universitaria es realidad.

-¿Le parece bien que se creen nuevas universidades privadas?

-Absolutamente. La apertura de nuevas instituciones universitarias privadas
siempre estará en relación con una necesidad social. Si no la hubiera, no se
podría producir el riesgo de la inversión.

-Algunos le dirían que puede haber un interés de lucro.

-No podrían ser autorizadas porque está prohibido por la ley. Las
universidades privadas son instituciones sin fines de lucro. Estamos bajo un
triple control del Estado: como personas jurídicas, como agentes de retención y
en las prestaciones académicas. Es una actividad transparente. Si falta
reconocimiento social a este principio, es un defecto nuestro, de escaso diálogo
con la opinión pública.

Entrevista con Héctor Sauret- Por Raquel San
Martín

De la Redacción de LA NACION.-
Publicado el 19/8/08 en el diario La Nación en la
sección de Noticias de Cultura.